España impulsa nuevos requisitos para centros de datos sostenibles, eficientes y soberanos

El Gobierno ha dado un nuevo paso para ordenar el despliegue de centros de datos en España. Los Ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Economía, Comercio y Empresa, y Transformación Digital y Función Pública han iniciado, por la vía de urgencia, el trámite de audiencia pública del proyecto de real decreto que regulará los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, resiliencia y soberanía digital aplicables a estas infraestructuras.

La norma busca que los centros de datos de mayor tamaño cumplan los estándares europeos más exigentes en eficiencia hídrica y energética, y que cada hora de funcionamiento esté respaldada, como mínimo, por un 80% de electricidad procedente de nueva generación renovable.

Además, el texto plantea que estas instalaciones sean operadas por entidades establecidas en la Unión Europea. También deberán mantener en territorio comunitario los datos vinculados a la operación del centro y adoptar medidas frente a accesos de autoridades de terceros países que no estén amparados por el Derecho europeo.

España se ha convertido en un país especialmente atractivo para la implantación de centros de datos por su ubicación geográfica, su clima y su liderazgo en energías renovables. La Estrategia de Inteligencia Artificial estima que en 2030 serán necesarios unos 2,5 GW de potencia de computación, lo que implicaría una demanda eléctrica situada entre 3,5 GW y 4 GW.

Sin embargo, las solicitudes y permisos para este tipo de instalaciones superan ampliamente esas previsiones. Desde 2021 ya se han concedido más de 12 GW de derechos de acceso y conexión a la red eléctrica para centros de datos, una cifra que refleja el fuerte interés de la industria por desarrollar proyectos en territorio español.

Para el Ejecutivo, esta situación representa una oportunidad para acelerar la digitalización de la economía y reforzar la soberanía digital europea, pero también exige garantizar que el despliegue se realice con criterios de sostenibilidad ambiental y energética.

El proyecto normativo se centrará especialmente en las instalaciones de más de 1 MW de potencia eléctrica, al considerar que son las que tienen una incidencia territorial, hídrica y ambiental más relevante. Según el Gobierno, España está en disposición de priorizar los proyectos que aporten mayores beneficios con el menor impacto posible.

El futuro real decreto desarrolla uno de los mandatos incluidos en el Real Decreto-ley 7/2026, que aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. El objetivo es acompasar el crecimiento de los centros de datos con un despliegue proporcional de nueva generación renovable.

El Ejecutivo advierte de que un aumento de la demanda eléctrica sin un crecimiento equivalente de la generación renovable podría provocar un mayor uso de gas natural para producir electricidad. Esto elevaría los costes para el conjunto de los consumidores y reduciría el incentivo a la electrificación.

En materia de soberanía digital, el proyecto exige que la entidad operadora del centro de datos esté establecida en la Unión Europea. Asimismo, los datos, metadatos y registros tratados como parte de la operación deberán permanecer dentro del territorio comunitario.

La propuesta también obliga a controlar de forma efectiva los accesos realizados desde terceros países. El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública será el encargado de comprobar el cumplimiento de estos requisitos, cuya vulneración podría derivar, en último término, en la pérdida de los derechos de acceso y conexión a la red eléctrica.

El texto normativo recoge que los centros de datos deberán cumplir con los mejores niveles de eficiencia energética e hídrica dentro del etiquetado europeo aplicable a estas infraestructuras. Este marco está siendo desarrollado por la Comisión Europea en cumplimiento de la Directiva (UE) 2023/1791 de Eficiencia Energética.

El etiquetado se incluye en el Reglamento Delegado (UE) 2024/1364, cuya entrada en vigor está prevista para agosto de 2027. A partir de entonces, la propuesta prevé exigir la categoría A tanto en eficiencia energética como en eficiencia hídrica, conforme a los indicadores Power Usage Effectiveness y Water Usage Effectiveness.

Hasta que dicho sistema europeo sea plenamente exigible, el proyecto fija esos mismos niveles ya recogidos en el borrador del reglamento, con el fin de anticipar los estándares comunitarios más ambiciosos.

El proyecto regulatorio introduce la exigencia de que los centros de datos consuman energía renovable como mínimo en un 80%, al menos hasta que la generación renovable supere el 90% del mix eléctrico.

Ese consumo deberá ser adicional: cada nuevo megavatio consumido tendrá que venir acompañado de un nuevo megavatio renovable instalado en los 18 meses anteriores a la entrada en funcionamiento del centro. La cobertura podrá realizarse mediante autoconsumo o mediante contratos a plazo de compra de energía renovable.

La acreditación se realizará hora a hora. Esto significa que, en cada hora de funcionamiento, al menos el 80% de la electricidad consumida por el centro deberá proceder de energía renovable generada en ese mismo periodo.

Los proyectos de centros de datos que quieran acceder a la red eléctrica deberán demostrar que cumplen estos requisitos para obtener los derechos de acceso y conexión. En caso de incumplimiento, se prevén penalizaciones crecientes en cargos y peajes y, en última instancia, la pérdida del propio derecho de acceso.

Con estos recargos, el Gobierno pretende compensar el sobrecoste que el incumplimiento de las obligaciones de adicionalidad y correlación horaria de consumo renovable pudiera trasladar al sistema eléctrico y, por tanto, a las facturas de los consumidores.

Los proyectos actualmente en tramitación dispondrán de seis meses para adaptarse a los nuevos requisitos y acreditar su cumplimiento. El plazo será de tres meses para aquellos que estén pendientes de la celebración de un concurso de acceso a la red eléctrica. También podrán renunciar a los derechos de acceso y conexión sin que se ejecuten las garantías correspondientes.

El proyecto también establece obligaciones de transparencia. Todos los centros de datos de más de 500 kW deberán remitir al MITECO información sobre su eficiencia energética y sostenibilidad, de acuerdo con el Reglamento Delegado (UE) 2024/1364, para su publicación anual.

En el caso de los centros superiores a 1 MW, deberán indicar además si cumplen las mejores prácticas recogidas en la versión más reciente del código de conducta europeo sobre eficiencia energética de los centros de datos y explicar de qué manera lo hacen.

Las personas y entidades interesadas podrán remitir sus alegaciones y aportaciones al proyecto de real decreto hasta el 4 de septiembre a través del correo electrónico habilitado por el Ministerio: bzn-gabinete_see@miteco.es.